El privilegio de ser aforados

Rafael Hidalgo

Como las cosas de la política en España van por rachas, por ocurrencias de escasa profundidad, ahora le ha tocado el turno al tema de los aforamientos y a tal respecto conviene recordar que un aforado en España es una persona que en caso de imputación será juzgada por un tribunal distinto del de los ciudadanos de a pie. Es una figura jurídica creada para «proteger» y «garantizar» el desempeño adecuado de la función pública, pero al igual que la inviolabilidad del rey o la inmunidad de los parlamentarios, son cuestiones que aún recogidas en la Constitución del 78, son figuras muy cuestionadas.

Y, ¿quiénes son las personas que en España se acogen a ese privilegio? Pues el rey, la princesa de Asturias, el presidente del Gobierno, los ministros, los diputados, los senadores, los parlamentarios de las Autonomías, los jueces, los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de las instituciones estatales y autonómicas.

Según el presidente del Tribunal Supremo existen en España del orden de 250.000 personas las que se pueden acoger a ese régimen, de las cuales 17.603 corresponden a la clase política, en tanto que en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, no existiendo esa figura de aforado, resulta en consecuencia que su número es igual a cero.

En Portugal e Italia solo el presidente de esas repúblicas se puede acoger al aforamiento. En Francia, por seguir el ejemplo de países relevantes con pedigrí democrático, son además del presidente, los ministros de su gobierno los que pueden recurrir a ese sistema. Resulta llamativo que países con la tradición democrática de los citados, estén en las antípodas de nuestro ordenamiento jurídico en ese aspecto. Los que defienden la figura que utilizamos en España alegan que lejos de ser un privilegio resulta que como los aforados son juzgados por tribunales superiores, en caso de veredicto desfavorable no pueden recurrir a otras instancias. Me parece que es un argumento cogido por los pelos, pero en fin, así estamos.

De todas formas, esas declaraciones rimbombantes de nuestros mandatarios cuando manifiestan que «en España, ante la justicia todos somos iguales» habría que matizarlas diciendo que «en España es probable que la justicia sea igual para todos si exceptuamos a los 250.000 aforados ya que esos tiene un especial estatus».