‘La rebelión de los 30 pesos’, crónica del durangués Jorge Carrera desde el convulso Chile
POR Jorge Carrera
· Los constantes abusos sufridos por el pueblo chileno durante décadas provocan un estallido social
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, empresario que forjo su fortuna en tiempos de la dictadura militar de Pinochet defraudando, robando y acumulando capital gracias al negocio de las tarjetas de crédito, declaraba el 9 de octubre: “Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada”.
FOTOS DE JORGE CARRERA.
Varios días antes, ignorando las consecuencias que podría llegar a tener la medida, un panel de expertos del transporte público recomendaba el incremento del precio del billete del metro de Santiago en 30 pesos (0,03 céntimos de euro), segunda alza del año. Esta medida genero la indignación del movimiento estudiantil, que bajo la consigna “evadir, no pagar, otra forma de luchar” llevó a a cientos de estudiantes a ocupar las estaciones de metro y saltar los torniquetes en señal de protesta, comenzando a cimentar lo que se vendría después bajo el lema “Chile Despertó”, “Nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo” o “No son 30 pesos, son 30 años” de abusos.
El viernes 18 de octubre, diez días después de la famosa frase de Sebastián Piñera, la capital Santiago vivió un estallido social que pronto se extendió a las principales ciudades del país. ¿Cómo es posible que miles de personas ocupen las calles en protesta contra el sistema económico que había llevado a Chile a ser ejemplo mundial de estabilidad y prosperidad?. ¿Cómo es posible que la indignación y el malestar social fuera de tal magnitud que miles de personas dirigieran su rabia y furia contra el mejor sistema de transporte de Latinoamérica, el Metro, destruyendo y quemando más de la mitad de las 136 estaciones de la capital?
¿Cómo es posible que resultaran atacados bancos, comisarías, estaciones de servicio, automotoras, casetas de cobro en las autopistas y edificios gubernamentales? ¿Cómo es posible que las fuerzas de seguridad, con Carabineros (policía militarizada) a la cabeza, fueran superadas y sobrepasadas sin capacidad de reacción hasta el punto de tener que decretar toque de queda? ¿Habitantes del oasis saqueando supermercados? ¿Cómo es posible?
El pueblo chileno ha sido testigo, durante décadas, de la indolencia de las clases dirigentes del país, una casta política, tanto de izquierda como de derecha, que no han tomado en serio las constantes demandas sociales contra la injustica, los abusos y la desigualdad de un sistema político y económico neoliberal donde impera el derecho a satisfacer las necesidades, derecho que solo tienen los que disponen de dinero, una clase privilegiada que no comprende la raíz del descontento popular.
Un sistema donde prima el egoísmo y la desigualdad como factor que potencia el desarrollo económico, convirtiendo a miles de ciudadanos en consumidores y de consumidores en deudores con la creencia de que es a través del consumo donde puedes tener un progreso y una identidad que te diferencia del contexto social donde te mueves. Hasta que los consumidores convertidos en deudores fueron acumulando malestar y desencanto social hasta gritar basta a los reiterados abusos del sistema, manifestándose en las calles decenas de demandas.
Una nueva Constitución
Una de las principales demandas de la población chilena apunta a la necesidad de terminar con la Constitución que rige actualmente el país. La Carta Magna, creada por Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura y ex senador asesinado en 1991, fue puesta en marcha en 1981, en plena dictadura militar, convirtiéndose en la herramienta para blindar el modelo económico neoliberal vigilado por leyes e instituciones que velan por su seguridad. Esta Constitución, y su espíritu subsidiario, donde todo tiene un precio y los recursos se venden al mejor postor, es señalado como el origen de las grandes desigualdades que azotan el país.
La presión social del estallido llevo a las fuerzas políticas a un acuerdo denominado “Por la Paz y la nueva Constitución”, acuerdo criticado por realizarse entre cuatro paredes y sin consultar a los movimientos sociales. Esta acuerdo anunció la realización de un plebiscito el 26 de abril de 2020 donde la ciudadanía deberá manifestarse si aprueba o rechaza la elaboración de una nueva Constitución, y, en caso de aprobarse cómo debería elaborarse una nueva, con una Asamblea Constituyente, compuesta íntegramente por ciudadanos, o una Asamblea Mixta, con parlamentarios y ciudadanía. Pero la Constitución es la guinda de una tarta plagada de demandas dentro de un modelo económico neoliberal que no da más.
Pensiones Dignas
El sistema de pensiones, en manos de instituciones privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), son señaladas como las culpables de entregar pensiones indignas y ahondar aún más en la desigualdad social, donde 9 de cada 10 pensionados recibe una pensión inferior al sueldo mínimo, que son 300.000 pesos chilenos (360 euros). Curiosamente, este sistema de pensiones que impera hoy en Chile es un sistema ideado por José Piñera, hermano del actual presidente Sebastián Piñera, un sistema que fue puesto en marcha durante la dictadura militar en 1982 pero al que no se sumaron las Fuerzas Armadas, quienes disponen de otro sistema y se calcula que las pensiones son casi 5 veces superior a las que pagan las AFP.
Salud de calidad
El sistema de salud es acusado de entregar una salud para pobres y otra para ricos. Funciona con un modelo mixto, donde coexiste el seguro público, denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud), que atiende al 80% de la población, y recibe las críticas de la falta de hospitales, especialidades y una tediosa lista de espera, y el seguro privado, denominado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional) que atiende al 20% restante, con críticas que apuntan al alza de los precios de los planes de salud, baja cobertura y acceso restringido a centros de salud.
Educación Pública y de Calidad
El sistema educativo de Chile es descentralizado y la administración de los establecimientos está a cargo de personas o instituciones municipales y particulares llamados sostenedores. Es un sistema altamente privatizado y que opera según los principios del mercado libre. Señalado por la UNESCO como un sistema que fomenta la desigualdad y la exclusión, la dictadura se encargó de privatizar el sistema en 1981 y desde esa fecha han imperado los procesos de privatización que derivan en segmentación, exclusión, estigmatización y segregación de la población por nivel socio económico.
La crueldad de este sistema educativo se visualiza claramente cuando cientos de estudiantes se ven obligados a pedir créditos para logar pagar sus estudios y los intereses les llevan a estar encadenados a esta deuda durante décadas. Para hacerse una idea, los 7 años de la carrera de medicina en Chile tiene un costo de 50.000 euros, mientras que en España ronda entre los 5.600 euros en Andalucía y los 16.100 euros en Barcelona.
Otras demandas y críticas
Existen otras temáticas que han ido generando malestar y hastío entre la población chilena que no duda en alzar la voz contra la sensación de impunidad que tienen los delitos de colusión entre empresas para fijar precios de sus productos, la evasión de los impuestos de las grandes compañías, el financiamiento ilegal de campañas políticas, la privatización del agua y el derecho de aprovechamiento de carácter perpetuo por parte de empresas mineras, la malversación de fondos públicos realizados por el Ejército, el fraude de Carabineros, los altos precios de los medicamentos en las farmacias, la alta dieta parlamentaria, la vulneración de derechos de los niños en el sistema del Servicio Nacional de Menores, el encubrimiento de la curia eclesiástica a los abusos sexuales de miembros de la iglesia católica, las condiciones laborales, los abusos constantes contra el pueblo mapuche, los cobros abusivos del TAG (sistema de cobro electrónico en la autopista interurbana) o la violencia política, sexual y económica contra las mujeres y la violación de sus derechos, demanda que alcanzó tinte mundial con la performance “Un violador en tu camino” del colectivo Lastesis que fue interpretada en 91 ciudades del mundo.
Metro de la renombrada Plaza de la Dignidad.
Cambios en la agenda del gobierno.
El presidente del país reconoce la legitimidad de todas las demandas ciudadanas, demandas que buscan una mayor justicia social. “He escuchado con humildad y mucha atención la voz de mis compatriotas”, afirma Piñera, quien se aferra a una “poderosa agenda social” que entre otras medidas busca entregar más poder adquisitivo a los ciudadanos y aumentar las pensiones, pero todo ello sin realizar grandes reformas sociales o estructurales.
A la “Agenda poderosa” le han seguido un cambio de gabinete, donde la salida más destacada fue la del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, primo del actual mandatario, colaborador de la dictadura de Pinochet y en la actualidad inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años al aprobarse una acusación constitucional en su contra, y dos nuevas agendas: La agenda policial, destinada a acallar las protestas en las calles, con leyes anti encapuchados, anti barricadas, anti – saqueos (esto ya estaba penado por la ley), con aumento de penas de hasta 5 años de prisión contra quienes comentan desórdenes públicos, interrumpan el tránsito, rayen paredes o lancen piedras a la policía, y la agenda “anti abusos y por un trato digno y justo”, una serie de medidas contra delitos tributarios, colusión y delitos electorales, los denominados delitos de guante blanco, que han llevado a la oposición a cuestionar su credibilidad y sorprenderse de que esta agenda la presente un presidente que ha estado involucrado en todos los abusos que se pretender penalizar y que recientemente se ha sabido que desde 2015 hasta la actualidad ha traspasado 542 millones de dólares a paraísos fiscales y el Servicio de Impuestos Internos le ha condonado parte de las multas por la operación.
Lavado de imagen
En la actualidad el presidente Piñera se encuentra inmerso en una estrategia comunicacional que busca limpiar su imagen, si bien sus constantes declaraciones desafortunadas, como en los primeros días del estallido social donde declaró que el país “estaba en guerra”, no le ayuda mucho y poco a poco se está quedando solo. Con una aprobación que llegó a ser del 5% y en la actualidad no supera el 11%, el presidente se dedica a realizar declaraciones en medios de comunicación, principalmente extranjeros, con el objetivo de recuperar ese liderazgo que en algún momento sintió que tenía y el cual se desmoronó con la suspensión de dos mega eventos que iban a celebrarse en Chile en los meses de octubre y diciembre: El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), donde esperaba ser noticia mundial con la firma de un acuerdo entre China y Estados Unidos; y la Cumbre Climática de Naciones Unidas (COP25), que fue trasladada a Madrid por razones de seguridad y concluyó sin grandes avances ni anuncios esperados.
La suspensión de estos dos eventos ha significado un duro golpe a su persona y para recuperar algo de crédito no duda, por un lado, en criminalizar el movimiento de la calle vinculándolo a vándalos, saqueadores, narcotraficantes y crimen organizado, y por otro lado, en afirmar tozudamente sobre la participación de gobiernos e instituciones extranjeras para influir en los hechos de violencia y crear una sensación de desorden y crisis en el oasis. Y esta última teoría aspiraba a que fuera refutada por el informe Big Data sobre las redes sociales que fue hecho público a mediados de diciembre y cuya autoría se desconoce, informe que recibió numerosas críticas al señalar como “influenciadores” de las manifestaciones y hechos de violencia al cantante español Ismael Serrano, al movimiento K-Pop o a los futbolistas chilenos Claudio Bravo y Gary Medel, entre otros.
Violación de los Derechos Humanos
Pero uno de los mayores dolores de cabeza del mandatario chileno es quedar como el líder de un gobierno que ha cometido violación de los Derechos Humanos, lo que le ha llevado a ir modificando su discurso en la materia hasta reconocer finalmente lo que organismos tanto nacionales como internacionales venían denunciando. El primer organismo en poner la voz de alerta fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), afirmando que la violación de derechos humanos ha sido sistemática en el chile democrático, con abusos físicos, psicológicos y sexuales, torturas e incluso fallecimiento de personas, y con unas fuerzas especiales realizando ataques generalizados usando la fuerza de forma innecesaria con intención de dañar y castigar a manifestantes. En términos muy similares levantaron informes la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Desde el estallido social, que ha provocado miles de heridos, al menos 26 fallecidos, 23.000 personas imputadas de algún delito y unos 2000 detenidos en prisión, con decenas de imágenes del ejército chileno disparando e intimidando a su propio pueblo durante las ocho largas noches de toque de queda en Santiago y otras ciudades del país, el INDH ha interpuesto un total de 943 denuncias contra agentes del Estado, de las cuales cinco son por homicidio, 750 por torturas y tratos crueles, y 134 por violencia sexual, entre ellos cuatro violaciones.
Especial hincapié se ha hecho sobre el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, con cerca de 2000 heridos por perdigón, armas de fuego no identificadas, disparos de bala o balines. Y dramáticas son las cifras de 24 personas con estallido ocular por impacto de bomba lacrimógena y 360 personas con trauma ocular por disparo de perdigones, siendo emblemáticos los casos de Gustavo Gatica, joven que perdió la visión tras recibir el impacto de perdigones en ambos ojos, y Fabiola Campillay, quien quedo ciega tras el impacto en su rostro de una lacrimógena.
Zona cero de las protestas
A 75 días del estallido social, la ciudad va recobrando su ritmo habitual y los medios de comunicación, que recibieron fuertes críticas por manipular información y criminalizar el movimiento, ya no dan cobertura a concentraciones y manifestaciones de carácter pacífico que siguen produciéndose por todo el país. De manera esporádica, las manifestaciones que cuentan con cobertura son las realizadas en la zona cero de las protestas, en la céntrica Plaza Italia, renombrada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad, localizada a 2 kilómetros del Palacio de la Moneda, sede presidencial.
Esta plaza y sus alrededores, donde a finales de octubre acogió la “Marcha más grande de Chile” con la asistencia de más de un millón de personas, se ha convertido en un campo de batalla, sin aceras, sin semáforos, sin luminaria, y con paredes llenas de reivindicaciones donde se repite “Renuncia Piñera” e imágenes del reconocido “Negro Mata Pacos”, un can de pelaje negro y pañuelo rojo en su cuello que adquirió popularidad y simpatía durante las protestas callejeras de la década de 2010 al atacar a Carabineros, denominados de manera despectiva como Pacos. Este epicentro de las protestas no ha cesado de recibir manifestantes indignados contra el gobierno y las injusticias del sistema, personas que sienten que a pesar de los anuncios realizados y las palabras de buenas intenciones de la clase política todavía no ha cambiado absolutamente nada.
La respuesta del gobierno para terminar con estas protestas, que se concentran especialmente los viernes, ha sido ocupar la plaza con alrededor de 1.000 efectivos policiales, que no dudan en aplicar el carro lanza aguas y las bombas lacrimógenas para dispersar a los asistentes, pero pronto se ven superados por el número de manifestantes y la denominada “Primera Línea”, un auténtico ejercito de encapuchados ataviados con escudos y piedras que actúa como un muro de contención para que las personas puedan manifestarse sin recibir la acción de los Carabineros.
Amados por unos, repudiados y temidos por otros, estos manifestantes se resisten a volver a la normalidad y dejar la acción y presión en las calles contra un presidente que su falta de tino y liderazgo para manejar la crisis le está llevando a un abismo de soledad, unos manifestantes que sientes que Chile despertó y cambió a partir del 18 de noviembre, y su presencia en las calles es vital para mantener la llama encendida de un pueblo que aspira a que la dignidad se haga costumbre.
