‘Durango y los límites de la democracia representativa’, por Ritxi Blanco

Ritxi Blanco

· Ingeniero de caminos, canales y puertos

“Quienes nos representan

en realidad, nos sustituyen”

Antonio Orihuela

“En el pensamiento moderno, la idea de la democracia representativa viene

acompañada de lo que habría que llamar una alienación del poder,

una auto-expropiación del poder”.

Cornelius Castoriadis

La democracia representativa es por definición una forma de gobierno en la cual la ciudadanía ejerce el poder político de forma indirecta, ya que lo hace a través de unos representantes elegidos democráticamente mediante sufragio en elecciones libres y periódicas. A este respecto, prácticamente la totalidad de los países occidentales cuentan con un sistema de democracia representativa en multitud de escalas, lo que hace asumir (erróneamente) que representación y democracia son sinónimos.

El embrión teórico de la representación contemporánea podría situarse en manos de los filósofos Thomas Hobbes (1588 – 1679) y John Locke (1632 – 1704), los cuales sostienen, con diferencias notables, que la ciudadanía entrega contractualmente la soberanía a sus gobernantes. Locke habla ya de que dicha delegación de la soberanía popular está condicionada a la garantía de las libertades individuales y derechos fundamentales por parte de los representantes. Es el pensador ilustrado Jean-Jaques Rousseau (1712 – 1778) quien va más allá y sugiere que la democracia es antagónica a cualquier sistema de representación: Si la ciudadanía está representada, son sus representantes los que ostentan el poder. En ese momento, el pueblo << se vuelve esclavo, no es nada >> (Del contrato social, III, 15).

La costumbre suele conducir al vicio, y la sociedad moderna se ha empachado de representación. Por una parte, después de tantas generaciones, se ha normalizado la creencia que es el único sistema político posible, algo así como una ciencia neutra e inherente a la naturaleza, como lo son la física o la química. La democracia representativa no se cuestiona, y cuando algo ni se pone en duda ni se critica, acaba corrompiéndose. Como consecuencia, esta mutación de valores termina degenerando en una especie de oligarquía consensuada, en la que el representante encuentra en su elección la justificación que le permite actuar, no tanto según la voluntad de quienes lo eligieron sino según la suya propia. La sociedad es así gobernada por un pequeño grupo de supuestos expertos que legitiman cualquier acción y decisión en el voto que se les da cada cuatro años.

Y es que uno de los grandes problemas de la democracia representativa actual es que las instituciones se creen (y quieren ser) únicos actores de cambio. Ahí reside el error: Las instituciones deben ser catalizadoras de las alternativas e inquietudes propuestas por la sociedad (algo que ya de por sí es muy complejo y de alta responsabilidad), y en cualquier caso deben estar preparadas para facilitarlas y acelerarlas poniendo medios a su servicio, pero no pueden sentirse como únicos sujetos con derecho a crear y ejecutar por el simple hecho de haber sido elegidos. Y es que tan pronto comienzan a gobernar contra la voluntad de la ciudadanía, cesan de representarla.

A este respecto, resulta esclarecedora la siguiente reflexión del poeta Antonio Orihuela: “El problema es intentar construir todas esas inquietudes que siguen bullendo en la sociedad, en la calle, desde las férreas estructuras de un partido. Si pensamos que la relación entre el ciudadano y el partido político es directa, en realidad ahí hay también un truco de malabaristas. El partido, lo primero que tiene en mente no es servir a los ciudadanos sino intentar sobrevivir, subsistir en un ecosistema muy competitivo (…)”.

El simple hecho de haber delegado inconscientemente y sin condiciones las decisiones políticas a nuestros representantes, hace que la sociedad se inhiba de los problemas que le conciernen: Cuando uno asume la representación está inmediatamente cediendo, también, su parcela de responsabilidad como ciudadano. En este sentido, el deber que tiene la ciudadanía no es ni mucho menos despreciable: Se le debe exigir ser parte activa de su futuro. Está obligada a reflexionar, organizar, proponer, debatir y consensuar si no quiere que otras personas lo hagan por ella. Como es sabido, todo ello requiere un esfuerzo en la mayoría de los casos inalcanzable: A las dificultades que conlleva el arduo proceso de generación de alternativas, hay que sumarle la espiral de la vida diaria que consume el tiempo del ser humano, haciéndole pensar que no tiene otro remedio que delegar las decisiones políticas.

Pues bien, parece que Durango ha decidido sobreponerse a todos estos obstáculos y ha decidido, en un ejercicio de democracia directa admirable en los tiempos que corren, organizarse para debatir y hacerse preguntas. A los gobernantes de la villa les ha salido un problema inesperado y es que la ciudadanía parece no estar dispuesta a ceder su parcela de responsabilidad.

Antiguas cocheras del ferrocarril de Durango. PHOTO. Iban Gorriti

Prueba inequívoca de ello son las numerosas plataformas ciudadanas surgidas en los últimos tiempos, las cuales se unen al movimiento social generado por los dos gaztetxes y que muestran preocupaciones diversas y heterogéneas: Reclamo de una consulta para los terrenos liberados del tren, preocupación por la contaminación atmosférica, derecho a vivienda digna, pediatría 24h en la villa, peajes, oferta de ocio alternativa para los más jóvenes y un largo etcétera. Plataformas y movimientos fuera de la lógica de los partidos, con marcado carácter espontáneo y autónomo, que aceptan su compromiso y obligación con la sociedad, asumiendo todas las dificultades y contradicciones que ello conlleva.

Durango se ha dado cuenta de que no puede (ni quiere) esperar a que sus representantes propongan alternativas, pero pide una cosa que parece simple: Que se le escuche. ¿Para cuándo?